¿Se ha logrado la corrección de desigualdades entre los agentes del tráfico alimentario?

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Con la aprobación de la Ley de la Cadena Alimentaria se ha pretendido establecer medidas de mejora del funcionamiento de la cadena alimentaria, con el fin de corregir desequilibrios en las relaciones comerciales de los agentes que intervienen en la misma.
El pasado 3 de enero entró en vigor La Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria (Ley de la cadena alimentaria), entre otros objetivos, pretende solucionar los desequilibrios que se vienen produciendo entre los distintos operadores de la cadena alimentaria a lo largo del tiempo.
Dice el preámbulo de la Ley que la alimentación y gastronomía españolas son parte de las tradiciones del pueblo español y son reconocidas en todo el mundo por su calidad. También el sector agrícola juega un papel fundamental en la economía española, sobre todo si tenemos en cuenta la extensión del país, y que el clima es muy adecuado. Sin embargo este sector padece ciertos desequilibrios importantes que han empeorado con el contexto de crisis económica. Los distintos operadores en este sector no se encuentran en pie de igualdad.
Por un lado, los productores, en su mayoría pequeños empresarios que forman una red bastante atomizada. Por otro, se encuentran los miembros de la industria agroalimentaria, que actúan en la fase intermedia. Pueden ser pequeños empresarios o grandes multinacionales. Las diferencias entre todos estos actores del tráfico alimentario producen diferencias a la hora de celebrar contratos ya que una gran multinacional no tiene el mismo poder de negociación que un empresario pequeño. Ello permite la existencia de ciertas prácticas abusivas, contrarias a la libre competencia y a la prohibición de la competencia desleal, pilares fundamentales de la Unión Europea (UE).
Precisamente la Ley nace como consecuencia de las medidas adoptadas en el ámbito de las instituciones europeas, que se enfrentan a un problema agrario similar en todo el territorio de la UE. Destacan así la creación del Foro de Alto Nivel sobre la Mejora del Funcionamiento de la Cadena Alimentaria a finales de 2011 o la publicación en enero de 2013 por la Comisión Europea del Libro Verde sobre las prácticas comerciales desleales en la distribución alimentaria y no alimentaria. Estos esfuerzos comunitarios sirven de base para la actual ley aprobada.
Además de corregir las grandes diferencias existentes en la cadena alimentaria, esta norma persigue mejorar la competitividad empresarial eliminando opacidades y prácticas abusivas, y repercutir en beneficio de los consumidores.
La Ley se compone de un Título I que alude a aspectos generales de la misma como ámbito de aplicación, fines perseguidos, definición de ciertos conceptos o articulación de relaciones entre las Administraciones públicas competentes puesto que no se trata de materia de exclusiva competencia del Estado. Su ámbito subjetivo abarca a todos los operadores de la cadena alimentaria, mayoritas, minoritas, pymes,…etc.
Su ámbito de aplicación objetivo se define positivamente: se aplica a todas las relaciones comerciales entre los citados operadores, fundamentalmente a través de los contratos alimentarios y de integración realizados por los mismos. También se define de forma negativa, ya que se excluyen ciertas operaciones realizadas por cooperativas agrícolas y aquellas hechas con operadores del transporte, consumidores finales y en el ámbito de la hostelería.
Determinados tipos de contratos se ven sometidos a ciertos requisitos formales. Para que estén sometidos es necesario que cumplan dos circunstancias acumulativas: que el importe del contrato supere los 2.500 euros y que se dé una situación de desequilibrio. Se considera que existe situación de desequilibrio en los siguientes casos: que uno de los operadores tenga la condición de pyme y el otro no; que uno sea productor primario; y que se dé una situación de dependencia económica de uno respecto del otro.
Estos contratos deberán formalizarse por escrito, bajo pena de sanción administrativa si no se hace así, antes de la realización de las prestaciones consensuadas en el mismo. Se exige también que el contrato contenga una serie de menciones mínimos (identificación de partes, objeto, precio, duración,…). Lo que se pretende es crear un mecanismo para reforzar la posición jurídica de la parte más desfavorable.
También se regula la realización de subastas y la obligación de conservar la documentación contractual durante un período de dos años.
El título II de la Ley regula las prácticas abusivas, cuya comisión se castiga con la imposición de una sanción administrativa. En concreto, la ley se refiere a tres tipos de prácticas:
1. La modificación unilateral de las condiciones del contrato. Se prohíbe esta práctica, salvo que exista mutuo acuerdo de las partes para llevar a cabo la modificación. Tampoco se permiten los pagos adicionales al margen del precio convenido en el contrato, salvo contadas excepciones enumeradas en el texto.
2. Los operadores podrán suministrarse recíprocamente la información comercial sensible sólo en la proporción que permita llevar a cabo con éxito las operaciones entre ellos.
3. Los operadores están obligados en sus tratos con los consumidores a gestionar tanto sus marcas como las de otros operadores, evitando la realización de prácticas contrarias a la libre competencia o que supongan actos de competencia desleal.
En el Título III se regulan las buenas prácticas en este ámbito. Lo que se pretende es que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, junto con el Ministerio de Economía y Competitividad, las CCAA y las organizaciones del sector agroalimentario, elaboren un código de buenas prácticas, de adscripción voluntaria mediante la apertura del correspondiente registro. Se trata de un supuesto de autorregulación. La inscripción en el registro tiene una serie de efectos prácticos, como la posibilidad de recibir ciertas subvenciones por parte del Ministerio de Agricultura. El Título IV crea el llamado Observatorio de la Cadena Alimentaria, órgano dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que asume las funciones del antiguo Observatorio de Precios de los Alimentos. Entre sus funciones, destaca el seguimiento, información y estudio del funcionamiento de la cadena alimentaria y de los precios. Promueve el conocimiento y adhesión de los distintos operadores al código de buenas prácticas. Y comunica a las autoridades competentes los incumplimientos de la ley hechos por los operadores de la cadena alimentaria. La composición y funcionamiento de este órgano se remite a desarrollo reglamentario.
El Título V se refiere al régimen sancionador, estableciendo un catálogo de infracciones y sanciones. Respecto del incumplimiento de la obligación de formalización de los contratos, se establece una presunción iuris tantum, que admite la prueba en contrario, de que la responsabilidad recae sobre el operador más fuerte.
El Título VI contiene medidas para mejorar la vertebración de la cadena alimentaria. Entre otras, destaca la creación de la Agencia de Información y Control Alimentarios. Este organismo autónomo se encarga de gestionar ciertos sistemas de información y control de los mercados de productos alimentarios. También se encarga de incoar el procedimiento sancionador, ejerciendo las funciones propias de un órgano instructor. Una vez finalizada la instrucción, podrá proponer a la autoridad competente ya sea nacional o autonómica, la resolución que proceda, o elevar denuncia a la Comisión Nacional de la Competencia.
Dado que únicamente han trascurrido 6 meses desde la entrada en vigor de la Ley, entendemos que todavía es pronto para pronunciarnos sobre si le Norma ha logrado su objetivo.

Emilia Gómez Osborne
TASSARA&BILBAO

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On 31 julio, 2014
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