La problemática de los derechos de pago único (DPU) y el arrendamiento de fincas rústicas

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Los esfuerzos de los agricultores y los agentes que intervienen en el sector, están recogiendo sus frutos en forma de “normativas beneficiosas” para la actividad, surgiendo sin embargo dicotomías entre las normas administrativas de aplicación y los usos o costumbres contra legem, que vienen dándose habitualmente en el sector agrícola.

Una de las prácticas más arraigadas en el citado sector consiste en suscribir un contrato de arrendamiento, en el cual, el arrendador como titular de la superficie de cultivo cede la misma al arrendatario o explotador directo de la tierra, reservándose el derecho de continuar declarando los DPU con el objeto de no perderlos.

No se escapa a quienes llevan a cabo este tipo de contratación, la existencia de una prohibición legal al respecto, sin embargo, entendemos que sí desconocen la posibilidad de llevar a cabo un contrato de arrendamiento, que dé respuesta a sus pretensiones (no perder la titularidad de los DPU),  y se encuentre exento de los riesgos que conlleva la práctica contraria a la ley (riesgo que en parte es desconocido por quienes realizan este tipo de operación arrendaticia).

La normativa que prohíbe al arrendador que no dispone de la superficie de cultivo realizar la declaración de DPU es clara. En este sentido el artículo 7.2 en relación con el artículo 10 del Real Decreto 1680/2009, en su redacción dada por el Real Decreto 202/2012, establece  “la obligación de que los DPU se declaren sobre hectáreas concretas, y que dichas superficies “Se encuentren a disposición de quien los declara”. Por lo que la ilegalidad de las mencionadas prácticas es indiscutible, pudiendo traer consigo cuantiosas sanciones que establece la Ley General de Subvenciones.

La solución a no declarar subvenciones agrícolas a las que no se tiene derecho, puede superarse estudiando caso por caso, la posibilidad de aumentar el precio del contrato de arrendamiento (contrato civil) y ceder los DPU al arrendatario que explota la tierra (contrato administrativo). Más complicada resulta la respuesta al otro escollo existente, (no perder los DPU, si el nuevo periodo de referencia otorga derechos a los explotadores directos durante el plazo del arrendamiento). Problemática que puede superarse introduciendo cláusulas especiales de compraventa de cosa futura en el contrato de arrendamiento o en una adenda al mismo, siempre teniendo en cuenta que la normativa administrativa específica futura, permita al igual que la actual  la compraventa de los citados DPU.

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On 28 noviembre, 2013
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